Alfredo Clemente

2026-03-12 - 13:09

​A finales del siglo XIX, Ciudad Bolívar soñaba con la modernidad. El estrépito de la máquina de vapor y el hierro de la Revolución Industrial llegaban al Orinoco de la mano de George Underhill, un empresario de Nueva Jersey que no solo era el cónsul de Estados Unidos, sino el amo del agua. Bajo contratos gestados en la era de Guzmán Blanco, Underhill desplazó a los viejos aguateros para construir el acueducto; él controlaba los motores, el mantenimiento y la distribución del vital líquido. Era el rostro del capital extranjero en una Venezuela anárquica. Pero en 1892, la Revolución Legalista de Joaquín Crespo alborotó el país. El general José Manuel “El Mocho” Hernández tomó la ciudad y se encontró con una realidad técnica: si Underhill se marchaba, las bombas se detenían y la sed sometería a la población. Ante la huida del antiguo gobierno, Hernández se erigió como la única autoridad y ley. No hubo espacio para la diplomacia: el cónsul fue confinado en su casa, obligado bajo presión a mantener la maquinaria encendida y a entrenar personal local en el manejo de los motores. Al retornar a Nueva York, Underhill demandó a Hernández por asalto y confinamiento. Los tribunales estadounidenses se enfrentaron a un dilema: ¿podían juzgar a un general venezolano por actos realizados en medio de una guerra civil? La defensa de Hernández fue brillante: sus actos fueron actos de Estado de un gobierno que Washington había reconocido. El caso Underhill vs. Hernández, 168 U.S. 250 (1897), llegó al Tribunal Supremo. El juez Fuller sentenció que «los tribunales de un país no juzgarán los actos del gobierno de otro, realizados en su territorio». Nace así la doctrina del acto de Estado, el reconocimiento sagrado de que la soberanía no se litiga en cortes extranjeras. Si el Tribunal Supremo dijo que los actos de Hernández contra un cónsul eran intocables por representar la autoridad en suelo venezolano, ¿con qué derecho pretenden hoy procesar a Nicolás Maduro? ​La agresión actual contra el Presidente y su pareja es una demolición de 129 años de jurisprudencia. La historia ya dictó su veredicto; falta que la justicia y el decoro se impongan sobre la barbarie. Respetar el precedente de Fuller le daría a EEUU el oxígeno moral que tanto necesita. El derecho no puede morir en Nueva York; la dignidad de Venezuela, desde los motores del Orinoco hasta hoy, no se rinde ante el artificio legal.