Bajan de 16 a 14 años la edad penal en Argentina
2026-02-13 - 22:50
La Cámara de Diputados de Argentina otorgó media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa, que reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra. Tras este avance en general, los legisladores iniciarán la discusión artículo por artículo antes de remitir el proyecto al Senado. Organizaciones de derechos humanos rechazan la propuesta por considerar que vulnera las garantías básicas de la niñez y la adolescencia. Advierten que la normativa representa un retroceso sistémico frente a los tratados internacionales que el país suscribe. Los críticos sostienen que la respuesta estatal se enfoca exclusivamente en el castigo y abandona la protección integral. El debate legislativo expuso una fuerte polarización sobre las prioridades de la gestión pública actual. Juan Carlos Molina, diputado de Unión por la Patria, cuestionó que la discusión se centre en encarcelar jóvenes en lugar de fortalecer la educación o la salud mental. Molina enfatizó que el Estado desatiende áreas críticas como el deporte inclusivo y la prevención de adicciones. El fracaso del encierro y las tasas de reincidencia Desde la oposición, diversos bloques remarcaron los bajos índices de reinserción social que generan los sistemas de privación de libertad. La diputada Romina del Pla, del Frente de Izquierda, señaló que el encierro suele recrudecer las situaciones de vulnerabilidad en lugar de solucionarlas. Según su postura, las altas tasas de reincidencia demuestran que la cárcel funciona como un espacio de degradación. Néstor Pitrola sumó datos comparativos para desmitificar la eficacia del aumento de la punibilidad en la región. Mencionó que en países como Ecuador, donde la edad penal inicia a los 12 años, los índices de criminalidad superan ampliamente a los de Argentina. El legislador también vinculó la problemática a la desocupación juvenil, que hoy triplica la media general del país. El Consejo Federal de Defensores y la Asociación Civil de la Defensa Pública manifestaron su profunda preocupación por el giro oficialista. Estas instituciones consideran que el proyecto ignora las causas estructurales del conflicto con la ley penal. Argumentan que la reforma no ofrece soluciones reales a la inseguridad, sino que simplifica un fenómeno social complejo. Advertencias sobre el desarrollo y los derechos La ex Defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, calificó la medida como un «placebo» que engaña a la sociedad. Graham recordó que más del 99% de los menores de edad en el país no posee conflictos con la ley. Según la experta, la falta de operadores capacitados y dispositivos adecuados garantiza que los jóvenes salgan del sistema en peores condiciones. Estudios científicos recientes respaldan esta visión al destacar las particularidades del desarrollo cerebral durante la adolescencia. La evidencia médica desaconseja el enfoque puramente punitivo, ya que en esta etapa aumenta la sensibilidad ante la violencia y el riesgo de suicidio. Los investigadores sostienen que el encarcelamiento temprano interrumpe procesos madurativos biológicos esenciales. Finalmente, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó sobre la pérdida del estatus de sujetos de derecho para los menores. El proyecto permitiría a los jueces separar a niños de sus familias sin considerar siquiera su propio testimonio. Esta facultad discrecional rompe con principios jurídicos fundamentales y deja a la infancia en una situación de total indefensión estatal.