Cuatro años sin aumento del salario mínimo en Venezuela: una radiografía de la pérdida del poder adquisitivo

2026-03-15 - 14:38

El 15 de marzo de 2022, el Ejecutivo Nacional oficializó mediante el Decreto N° 4.653 el aumento del salario mínimo mensual obligatorio a 130 bolívares. Lo que en aquel momento fue presentado como un intento de estabilización, equivalente a unos 30 dólares para ese entonces, se convirtió en el periodo de congelación salarial más largo en la historia contemporánea del país. Tras cuatro años sin una actualización de la base salarial, los 130 bolívares que perciben los trabajadores públicos, privados y los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) han quedado reducidos a una cifra simbólica. Al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del viernes 12 de marzo (Bs. 443,25), el salario mínimo venezolano equivale a 0,29 centavos de dólar, una cifra que no alcanza para cubrir un pasaje de transporte público. “El problema central no es solo el monto del salario, que es simbólico, sino la arquitectura del ingreso. Al mantener el salario mínimo anclado a un decreto de 2022 mientras la bonificación crece, se ha destruido el valor del trabajo como activo de seguridad social”, explicó el economista David Ruiz, en entrevista para El Diario. Foto: EFE/ Ronald Peña R Desde la publicación en la Gaceta Oficial N° 6.691 Extraordinaria, la ruta del ingreso nacional ha seguido una pendiente de devaluación, marcada por la decisión gubernamental de no decretar nuevos aumentos salariales, sino de bonificar el ingreso: Foto: Blog Patria La brecha con la realidad La radiografía económica que ofrece el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) es alarmante. Para el cierre de enero de 2026, la canasta alimentaria para una familia de cinco personas se ubicó en 677,17 dólares. Esto significa que, mientras el salario mínimo se mantiene anclado en el decreto de marzo de 2022, el costo de la vida ha seguido la dinámica del mercado internacional. “Estamos observando un fenómeno de ‘asfixia por rezago’. Mientras el sector privado ha logrado establecer pisos salariales cercanos a los 200 dólares por pura dinámica de mercado, el sector público permanece estancado en una cifra que no cubre ni el 1 % de la canasta alimentaria”, apuntó el experto. Un trabajador que solo perciba el sueldo mínimo base necesitaría 2.335 meses de trabajo para costear la alimentación de su familia por un solo mes. “Prácticamente desapareció el salario mínimo y por eso se requieren más de 1.700 salarios mínimos para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria”, explicó Oscar Meza, director del Cendas-FVM. Agregó que una persona requiere un mínimo de 150 dólares mensuales para cubrir gastos de alimentación básica. Mientras que en el caso de los pensionados, el gasto estimado es de 250 dólares, distribuidos en 200 dólares para alimentos y 50 dólares para salud. Foto: EFE/ Miguel Gutierrez Actualmente, los pensionados reciben una asignación de 50 dólares, mientras que la pensión base se sitúa entre 0,25 y 0,31 centavos de dólar. “Cualquier intento de recuperación del poder adquisitivo en 2026 pasa necesariamente por una reforma del sistema de prestaciones. Sin un nuevo acuerdo laboral, el Estado venezolano seguirá atrapado en la incapacidad de decretar aumentos salariales que sean contablemente sostenibles”, acotó el economista Ruiz. Voces de la calle Desde 2022, se han registrado antecedentes de esta lucha gremial con el objetivo de lograr un ajuste en los sueldos de los trabajadores venezolanos. En agosto de ese año, miles de maestros tomaron las calles en todo el país en lo que se denominó la «Rebelión de las Pizarras», exigiendo la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), el cual aplanó las tablas salariales de los educadores. Posteriormente, en 2023 y 2024 también se contabilizaron protestas de coaliciones sindicales que denunciaron el modelo de Ingreso Mínimo Integral, por considerar que violaba los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En 2025, trabajadores activos, jubilados y pensionados realizaron una marcha en Caracas, para denunciar que el monto de 130 bolívares no cubría ni el 2 % de los gastos básicos de alimentación. Foto: EFE/ Ronald Peña Este año 2026, tras la extracción y detención de Nicolás Maduro, los gremios, sindicatos y pensionados retomaron las calles. El jueves 12 de marzo marcharon en varios estados del país para exigir el aumento del salario mínimo y las pensiones. De igual forma, voceros de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela (UCV), propusieron declarar una emergencia laboral académica debido a los bajos salarios del sector público. La facultad indicó que el salario de un profesor titular con dedicación exclusiva, que lidera las tablas de remuneraciones en la universidad, no llega a los 3 dólares mensuales, a pesar del incremento en la producción y venta del petróleo, del comercio de oro y otros minerales, que han derivado en ingresos adicionales. Propuestas económicas El economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, explicó en entrevista radial el 11 de marzo que un ajuste del salario mínimo cercano a los 100 dólares mensuales sería una meta “realista”, al considerar los ingresos extraordinarios que el país podría percibir por la nueva dinámica energética acordada con el gobierno estadounidense de Donald Trump. No obstante, Oliveros advirtió que elevar la base a 200 dólares sin una reforma estructural, especialmente en una nómina que supera los 3 millones de empleados públicos y 5 millones de pensionados, comprometería la estabilidad fiscal del Estado. Por su parte, Ruiz destacó que para que un aumento a 100 o 150 dólares no sea inflacionario, debe venir acompañado de una disciplina fiscal estricta y, sobre todo, de una inyección de divisas que estabilice el tipo de cambio. En ese sentido, la organización no gubernamental (ONG) Provea calificó como “indispensable” no solo un aumento, sino una revisión profunda de la metodología de cálculo del sueldo. “Venezuela solo podrá avanzar hacia el encuentro y la convivencia cuando se reconozcan las necesidades de la población trabajadora y se respeten los espacios de diálogo social”, subrayó Provea en su cuenta de X. Foto: EFE/ Henry Chirinos El pronunciamiento se realizó en respuesta a una publicación de la plataforma Monitor Sindical, que replica denuncias de gremios de la Administración pública, en la que planteó la fijación inicial del salario mínimo equivalente a 200 dólares. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha mantenido su observación sobre el caso venezolano, e hizo un llamado el 3 de marzo al gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para que se aplique el método para la fijación del salario mínimo acordado en el Foro de Diálogo Social. De parte del gobierno, el diputado y presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, señaló el 7 de febrero en una entrevista para el canal Venezolana de Televisión (VTV) que el tema salarial es la “principal prioridad” del gobierno de Rodríguez. “Todo dependerá, no solamente de lo que tengamos en términos de ingreso y de lo que se va a distribuir, pero debemos tener la absoluta seguridad de que las entradas, en su inmensa mayoría, se van a destinar al tema social”, dijo Faría durante una entrevista en el programa A Pulso que transmite VTV. De esta manera, mientras en los despachos gubernamentales se calcula la viabilidad de un ajuste para este año 2026, la cotidianidad transcurre entre la resistencia de los trabajadores y pensionados que ya no reconocen en el bolívar un respaldo para su subsistencia. Para los expertos, el desafío del Estado no reside únicamente en fijar un nuevo monto en la Gaceta Oficial, sino en restituir la arquitectura legal del salario para que el esfuerzo del venezolano deje de ser una cifra simbólica y vuelva a ser el motor que sostenga, con dignidad, el hogar y el futuro del país.