Denunciaron cobros y exigencias en tribunales de Venezuela para aplicar la Ley de Amnistía
2026-03-03 - 19:09
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad denunció este martes 3 de marzo irregularidades en la implementación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, al asegurar que tribunales especializados exigen pagos y bienes como condición para entregar las decisiones que otorgan libertad plena a sus familiares. La denuncia fue dirigida a la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Nacional y al Programa de Convivencia y Paz. En un comunicado, el grupo señaló que desde el 24 de febrero han acudido a los Tribunales Primero, Segundo y Tercero en funciones de juicio con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo para tramitar las solicitudes, pero que la notificación y entrega de copias de las decisiones judiciales se estaría condicionando a “colaboraciones” en dólares en efectivo, resmas de papel y cajas de bolígrafos. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Madres En Defensa De La Verdad (@madresendefensadelaverdad2024) “La justicia es un derecho constitucional, no una mercancía. Los tribunales tienen la obligación de entregar la copia de la decisión de amnistía sin costo alguno. Este documento es indispensable para eliminar antecedentes y registros policiales relacionados con los hechos amnistiados”, detalla el texto. El comunicado afirma que esta práctica es un “atropello” que se suma al desgaste previo de las familias durante meses de reclusión de sus seres queridos en centros penitenciarios distantes de sus hogares, con gastos que incluyeron traslados y provisión de alimentos y necesidades básicas. “La justicia es un derecho constitucional, no una mercancía”, señalaron las madres, y advirtieron que los tribunales están obligados a entregar las copias de las decisiones de amnistía sin costo alguno. El documento judicial que exonera antecedentes y registros policiales es, según el comité, indispensable para restituir derechos plenamente, y no debería estar sujeto a exigencias económicas o materiales. Aplicación de la amnistía La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de febrero de 2026 y promueve la liberación y el cierre de procesos de miles de personas vinculadas a hechos políticos durante los gobiernos del chavismo, incluidos delitos asociados a terrorismo y otros cargos. La normativa establece que los tribunales deben resolver las solicitudes en un plazo máximo de 15 días, como parte de un marco legal diseñado para redimir décadas de detenciones políticas. Según cifras oficiales presentadas por la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Nacional, hasta finales de febrero más de 9.000 solicitudes de amnistía han sido registradas en tribunales competentes y, según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, más de 5.000 personas habrían sido excarceladas o beneficiadas con medidas de libertad plena o retiro de restricciones judiciales en el marco del mecanismo de amnistía. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han mostrado cifras menores. Foro Penal, la ONG venezolana que documenta detenciones políticas, ha verificado al menos 568 excarcelaciones bajo la ley de amnistía, y sostiene que más de 600 personas permanecen detenidas por motivos políticos, muchas de ellas fuera del alcance actual de la normativa por la naturaleza de los cargos imputados. La aplicación práctica de la ley ha generado expectativas y tensiones. En varios centros de detención, familiares han organizado vigilias durante semanas en reclamo de liberaciones, y a finales de febrero incluso hubo huelgas de hambre por parte de presos políticos que exigían la aplicación de los beneficios de la norma. Reacciones y apelaciones Organizaciones de familiares de presos políticos han expresado que, pese a los avances legales, existen exclusiones e irregularidades que afectan la equidad y transparencia del proceso, especialmente en casos vinculados a acusaciones graves o de militares, que pueden quedar fuera del alcance de la amnistía. El Comité de Madres en Defensa de la Verdad instó a las instancias de seguimiento y al Programa de Convivencia y Paz a constatar la denuncia realizada y a exigir que las autoridades judiciales cumplan con su deber constitucional sin imponer pagos arbitrarios a quienes ejercen su derecho a la amnistía.