Informe acusa de crímenes de lesa humanidad a gobierno de El Salvador
2026-03-11 - 21:58
Un grupo de juristas internacionales presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que señala al gobierno de Nayib Bukele como responsable de crímenes de lesa humanidad. El documento de 275 páginas detalla una política de Estado que incluye asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual sistemática. Estos delitos, según el Estatuto de Roma, no prescriben, lo que implica que las autoridades actuales podrían enfrentar procesos judiciales en cualquier momento del futuro. Los hallazgos del Grupo Internacional de Expertos (GIPES) confirman que las violaciones a los derechos humanos no son incidentes aislados, sino acciones promovidas desde las más altas esferas del poder en El Salvador. Desde la implementación del estado de excepción en marzo de 2022 hasta agosto de 2025, al menos 403 personas murieron bajo custodia estatal, incluyendo a cuatro menores de edad. Esta medida, justificada por el oficialismo como una herramienta contra las pandillas, transformó el sistema judicial en un mecanismo de detención arbitraria. Desapariciones y tortura sistemática en centros de confinamiento El reporte documenta más de 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025, una cifra que evidencia la falta de control legal sobre las detenciones masivas. Miles de las 91,000 personas capturadas permanecen en prisión sin el debido proceso, muchas de ellas recluidas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). En este y otros penales, los expertos detectaron patrones de violencia extrema que incluyen descargas eléctricas, golpizas, desnudez forzada y privación deliberada de alimentos y atención médica. Estas prácticas configuran una estructura de terror que afecta a sectores vulnerables de la población civil. Los testimonios de más de 1,700 personas, entre víctimas y familiares, revelan que la falta de ventilación y el hacinamiento extremo se utilizan como métodos de castigo adicionales. Los juristas insisten en que estas acciones cumplen con los criterios de «ataque generalizado y sistemático» contra la población, lo que otorga a estos crímenes un carácter imprescriptible bajo el derecho internacional. Responsabilidad penal e impacto del informe internacional La investigación, respaldada por organismos como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), concluye que existen bases razonables para procesar penalmente a los responsables. Al alinearse con el artículo 7 del Estatuto de Roma, la denuncia sitúa al gobierno salvadoreño bajo la jurisdicción potencial de la Corte Penal Internacional. Los cinco expertos independientes que redactaron el texto enfatizan que la impunidad actual no protege a los funcionarios de futuras rendiciones de cuentas. A pesar de que el Procurador General de El Salvador rechaza los señalamientos, la evidencia acumulada a partir de informes oficiales y análisis de prensa complica la postura de la administración de Bukele. El documento, hecho público el 10 de marzo en Guatemala, sirve como una advertencia sobre las consecuencias legales de mantener una política de seguridad que ignora los tratados internacionales. La comunidad internacional observa ahora cómo estos delitos, al no caducar con el tiempo, marcan un precedente ineludible para la justicia salvadoreña.