Juez ordena a Trump hacer regresar a venezolanos enviados a El Salvador
2026-02-12 - 21:20
El juez federal James Boasberg propinó un duro golpe a la política migratoria del presidente Donald Trump al ordenar el regreso inmediato de decenas de venezolanos enviados injustamente a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. La sentencia exige que el Gobierno estadounidense facilite el reingreso de más de 130 ciudadanos que sufrieron meses de reclusión en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT). El magistrado calificó la actuación de la Casa Blanca como una violación flagrante a los derechos constitucionales que nunca debió ocurrir. Boasberg criticó con dureza la decisión del Ejecutivo de ignorar el debido proceso antes de ejecutar estas deportaciones masivas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. El juez recordó que el Gobierno Trump actuó de forma arbitraria al negar a los migrantes la oportunidad de defenderse en audiencias legales. Ahora, Estados Unidos asumirá la responsabilidad financiera total de este error, pagando los pasajes aéreos y tramitando la documentación necesaria para traer de vuelta a quienes deseen retomar sus procesos migratorios. La postura judicial desmonta el uso de leyes de guerra para perseguir a comunidades civiles. Al certificar una demanda colectiva, el magistrado permite que todos los venezolanos afectados impugnen su designación como «enemigos extranjeros», una etiqueta que Trump impuso sin presentar pruebas concretas. Fin del encierro ilegal en el CECOT y la reparación de daños La orden judicial pone fin a uno de los capítulos más oscuros de la reciente gestión migratoria, tras la reclusión de civiles en una cárcel diseñada para terroristas. Los demandantes, apoyados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), denunciaron que su envío a El Salvador formó parte de un acuerdo económico cuestionable entre ambos gobiernos. El magistrado Boasberg invalidó esta práctica y subrayó que la supuesta vinculación de los afectados con bandas criminales carecía de sustento jurídico mínimo. Los venezolanos que regresen al país entrarán bajo custodia federal, pero tendrán finalmente la audiencia que la administración les negó el año pasado. El tribunal enfatizó que el Estado no puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros como una herramienta de deportación exprés sin evidencia de que los individuos representan una amenaza real en tiempos de conflicto bélico. La sentencia obliga al DHS a revertir las acciones ejecutadas desde marzo de 2025 y a garantizar la seguridad de los retornados. La insistencia de Boasberg en proteger el derecho a la defensa deja claro que el sistema judicial no permitirá que el Ejecutivo actúe por encima de la Constitución. La Casa Blanca enfrenta ahora el reto logístico y legal de reparar un daño causado por una política de expulsión que el juez tildó de ilegal y desproporcionada.