La Ley de Amnistía y Convivencia favorece el pluralismo político

2026-02-28 - 13:58

En 20 días la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, así denominada cuando se lee en la Gaceta Oficial extraordinaria 6.990 del 19 de febrero pasado. La idea fue presentada el viernes 30 de enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante la sesión de Apertura del Año Judicial celebrada en el auditorio principal del Tribunal Supremo de Justicia. En ese mismo acto, Rodríguez encargó la redacción del proyecto de ley a la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, creada en 2021 y presidida por el ministro Diosdado Cabello, así como al Programa para la Convivencia Democrática, de reciente fundación y del cual forman parte Ana María San Juan, Carmelo Borrego y Elsie Rosales, entre otros. “Que sea una ley que sirva para restaurar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia’’, explicó en ese momento la Presidenta frente a los 20 magistrados del máximo tribunal de Venezuela y otros funcionarios. “Que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país”, remató Rodríguez al describir las motivaciones del instrumento legal. La mandataria (e) llamó a Venezuela a que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio y, en cambio, abrazar la coexistencia “y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley’’. Precisamente ese espíritu está presente en las cuatro finalidades que proyecta la ley en su artículo número dos, y en el primero se busca “contribuir a la promoción de la paz, la convivencia democrática, la rectificación y la reconciliación nacional”. El instrumento legal fue aprobado en segunda discusión por unanimidad. foto: Wilmer Errades Las otras tres finalidades se resumen así: generar las condiciones que favorezcan el desarrollo armónico de la vida nacional, la tranquilidad pública, la participación democrática y el pluralismo político; promover el uso de los mecanismos democráticos y constitucionales para dirimir las diferencias surgidas en el seno de la sociedad; prevenir que los hechos objeto de la amnistía o similares vuelvan a repetirse así como favorecer la reintegración a la actividad pública de las personas beneficiadas por la ley, según se lee en su segundo artículo. El proyecto fue presentado para su primera discusión el jueves 5 de febrero pasado, día en que fue aprobado por unanimidad. De allí salió a una consulta nacional y volvió al seno del Parlamento el jueves 12 de febrero para su segunda discusión, artículo por artículo. El debate se trancó en el artículo 7, el cual dispone que los beneficiarios de la amnistía deben ponerse a derecho ante el tribunal competente. El diputado Luis Florido, de la bancada opositora, rechazó la forma en como estaba redactado el artículo, porque, según su criterio, viola el derecho aquel que reza que “todos somos iguales ante la ley’’. Algunos diputados explicaron que en el fondo Florido estaba pensando en los opositores que están fuera de Venezuela y su temor a ser encarcelados cuando pisaran suelo patrio. Al respecto, la diputada chavista Iris Varela replicó lo dicho por Florido y sostuvo que “ponerse a derecho’’ era un paso consagrado en la Carta Magna. En ese punto del debate pidió la palabra la diputada opositora Nora Bracho, vicepresidenta de la Comisión Especial para la Ley de Amnistía, quien solicitó diferir la segunda discusión del proyecto, lo cual fue aprobado por el plenario de la Asamblea Nacional. La segunda discusión se retomó el jueves 19 de febrero pasado. Allí presentaron una nueva redacción del artículo 7, que abre la posibilidad de que quienes estén fuera de Venezuela y quieran acogerse a la amnistía puedan, excepcionalmente, hacerse representar por un abogado para los trámites iniciales. Pero deberán comparecer personalmente ante el tribunal a los fines del otorgamiento de la amnistía, dice la norma aprobada. Hechos y fechas Los hechos por los cuales se otorgará amnistía comprenden los acaecidos entre el 11 y 12 de abril de 2002 hasta 2025, estos últimos relacionados con la celebración de las elecciones de alcaldes y gobernadores del 25 de mayo de 2025. Es decir, un bloque de 23 años cuyos hechos están desglosados en el artículo 8 de la Ley de Amnistía, los cuales inician con el golpe de Estado perpetrado la madrugada del 12 de abril de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez, quien estuvo “retenido” por un grupo de militares durante 48 horas. Más tarde el TSJ diría que esos militares estaban “preñados de buenas intenciones”. También serán objeto de amnistía aquellas personas que incurrieron en delitos con ocasión de las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar entre julio y septiembre de 2009. Allí se destacan los enfrentamientos entre policías y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, dentro de esa casa de estudios. La ley igualmente ofrece amnistía a los 112 diputados de oposición del período 2016-2020, quienes, entre otros, aprobaron un Estatuto para la Transición que desconoció al presidente Nicolás Maduro y terminó validando la autojuramentación de un diputado (Juan Guaidó), como interino en la jefatura del Estado venezolano. Igualmente, la amnistía abarca eventos violentos por motivos políticos ocurridos entre enero y abril de 2019. Ese es el tramo donde el autoproclamado Guaidó intentó invadir Venezuela desde Colombia, gobernada en ese momento por Iván Duque. Esto ocurrió el 23 de febrero de 2019 en tres puentes que comunican a Táchira con Colombia ubicados entre San Antonio y Ureña. En ese período también se dio el pretendido golpe de Estado del 30 de abril en el distribuidor Altamira, con la aparición en escena de Leopoldo López y un grupo de militares. Pero ese artículo excluye de ser amnistiados a los procesados por el delito de rebelión militar. Los primeros beneficiados La noche del jueves 19 de febrero pasado, la comisión especial para la Ley de Amnistía, presidida por el diputado Jorge Arreaza, se presentó al palacio de Miraflores para entregarle a la presidenta Delcy Rodríguez el nuevo instrumento legal. La mandataria salió a las áreas externas del palacio presidencial acompañada del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y del ministro de Interiores, Diosdado Cabello, para estampar su firma y con ello darle el ejecútese a la ley. “Hay que saber perdonar y hay que saber recibir perdón”, dijo Rodríguez frente a diputados chavistas y opositores. A los cinco días de entrada en vigencia de la mencionada ley, el diputado Arreaza ofreció un balance de su aplicación. Dijo que a 100 horas de haberse promulgado la ley, se habían otorgado 3.231 libertades plenas; entre ellas, 3.052 a igual número de personas que tenían un arresto domiciliario y 179 que se encontraban recluidas.