Llevan a juicio al ICE por tratos inhumanos a migrantes en Nueva York
2026-03-25 - 21:33
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comparecerá ante la justicia federal el próximo 26 de mayo debido a las denuncias sobre el trato a los inmigrantes en su sede de Manhattan. El juez Lewis Kaplan, de la corte del distrito Sur de Nueva York, presidirá el proceso que busca determinar la responsabilidad de la agencia en el mantenimiento de instalaciones calificadas como inhumanas por diversos grupos de activistas. La demanda, presentada originalmente en agosto pasado por las organizaciones Make The Road, la Unión de Libertades Civiles y el bufete Wang Hecker, alega violaciones graves a los derechos fundamentales. El recurso legal sostiene que los detenidos enfrentan condiciones de hacinamiento e insalubridad extremas, además de la negación sistemática del acceso a representación legal, según reportes del diario digital The City. Los demandantes argumentan que la agencia federal vulneró la Primera Enmienda de la Constitución al impedir la comunicación con abogados. Asimismo, señalan una violación a la Quinta Enmienda, puesto que sometieron a los inmigrantes a condiciones de confinamiento punitivas sin respetar el debido proceso legal. Muchos de los afectados resultaron arrestados de forma sorpresiva mientras asistían a citas rutinarias de inmigración en el edificio del 26 Federal Plaza. Evidencias de hacinamiento y falta de servicios básicos en el 26 Federal Plaza Un video difundido por la Coalición de Inmigración de Nueva York en julio pasado expuso la realidad interna de las oficinas de ICE en Manhattan. Las imágenes mostraron a grupos de personas obligadas a dormir en el suelo por falta de mobiliario adecuado. Las denuncias detallan que los detenidos comparten apenas dos inodoros sin ningún tipo de privacidad, carecen de acceso a duchas y reciben suministros limitados de alimentos y medicinas esenciales. A pesar de estas evidencias, el Departamento de Seguridad Nacional negó repetidamente que la oficina funcione como un centro de detención formal. Por su parte, la agencia federal obstaculizó la labor de supervisión al impedir el ingreso de congresistas al edificio, ignorando el derecho constitucional de los legisladores a inspeccionar instalaciones gubernamentales. Estas acciones reforzaron la opacidad sobre el manejo de los ciudadanos bajo custodia. La demanda conjunta representa a cualquier persona que sufriera detención dentro del complejo del 26 Federal Plaza. Tras el inicio del litigio, el juez Kaplan emitió una orden preliminar que obligaba a ICE a mejorar las condiciones de habitabilidad de forma inmediata. Sin embargo, el proceso judicial actual busca establecer medidas permanentes y responsabilidades legales por los abusos documentados durante meses. Proceso de recopilación de pruebas contra la administración federal Durante los meses previos al juicio, los defensores de los derechos de los inmigrantes y los abogados de la Administración del presidente Donald Trump intercambiaron información crítica durante la fase de descubrimiento. Los representantes legales de los demandantes tomaron declaraciones a altos funcionarios de ICE para esclarecer los protocolos internos de detención. Asimismo, solicitaron registros detallados sobre el flujo de inmigrantes que transitaron por dicha sede. El equipo legal de las ONG busca demostrar que el uso de estas oficinas para detenciones prolongadas es una práctica deliberada y no un evento fortuito. La recopilación de pruebas incluye testimonios de personas que sufrieron el confinamiento tras acudir a trámites vinculados a su estatus legal. Estos testimonios son piezas fundamentales para sustentar la acusación de trato cruel y degradante ante el tribunal federal. El desenlace de este juicio podría marcar un precedente importante sobre los límites de las agencias federales en centros que no están diseñados para el alojamiento de personas. El escrutinio judicial sobre el 26 Federal Plaza pone en duda la legalidad de los arrestos administrativos ejecutados en edificios de servicios públicos. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen su atención sobre este caso que afecta directamente a la población migrante en Nueva York.