Magaly Vásquez: “Yo no voy a perseguir a nadie por cómo piensa”

2026-03-18 - 22:24

Cuando la abogada Magaly Vásquez anunció su postulación al cargo de fiscal general de la República, de inmediato recibió el respaldo de buena parte de los sectores académicos de Venezuela. Una iniciativa quizá quijotesca dentro de la falta de separación de poderes públicos que por años ha sido documentada en Venezuela, así como por las denuncias de corrupción y partidización del Ministerio Público como brazo represor del gobierno. Sin embargo, era una iniciativa que la academia y la sociedad civil estaban dispuestas a apoyar. Tras la renuncia del anterior fiscal general, Tarek William Saab, el 25 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional designó una comisión parlamentaria para proceder con la selección de su sucesor. Tras recibir más de 130 postulaciones, el 16 de marzo se presentó una lista preliminar de 73 candidatos, entre los que destacó el nombre de Vásquez. A partir de este momento, la comisión continuará con su proceso de entrevistas y revisiones para hacer una segunda reducción de la lista, que pasará luego a un proceso de consulta ciudadana. Para muchos sectores, este proceso parece cantado de antemano para ratificar al actual fiscal general encargado, Larry Devoe, cercano al gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Sobre todo al considerar la mayoría oficialista dentro del Parlamento. Sin embargo, en entrevista para El Diario, Vásquez asegura que su postulación va más allá de la simple aspiración a un cargo. Busca mandar un mensaje: insistir en que las instituciones venezolanas vuelvan a ser ocupadas por personas con la formación profesional, moral y apolítica que establece la ley. Por ese motivo, aprovecha el proceso de selección para solicitar al comité parlamentario, donde se encuentran diputados tanto oficialistas como opositores, que haga público el baremo de criterios que usarán para escoger al nuevo fiscal general. Apunta a que la transparencia debe ser el primer paso necesario para comenzar a recuperar la confianza en los poderes públicos. “En este momento histórico en el que estamos hablando de reconciliación, de recomponer una sociedad fracturada, de convivencia democrática, hay que trabajar todos en pro de la paz. Es un mensaje muy poderoso el que se puede enviar si efectivamente se es coherente entre lo que se dice y lo que se hace, y que la persona que resulte seleccionada, sea otra o sea yo, efectivamente, cumpla con ese perfil que debe tener el fiscal general de la República”, destaca. Amplio respaldo La trayectoria profesional de Vásquez parece respaldar su decisión de aspirar a la Fiscalía General. Es abogada con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), casa de estudios a la que ha dedicado gran parte de su carrera académica. Además de ser jefa de la Cátedra de Derecho Procesal Penal, fue directora de su Escuela de Derecho y actualmente es la secretaria general de la universidad. Igualmente, fue coredactora del Código Orgánico Procesal Penal en 1998. Su postulación, aunque inicialmente fue personal, de inmediato fue respaldada por las autoridades de la UCAB. En los días siguientes recibió apoyos también de la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde también fue profesora, e incluso de otras con las que no tenía un vínculo directo, como la Universidad Metropolitana, la Universidad Monteávila o la Secretaría de la Universidad de Carabobo. Tiene el apoyo de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, de la que es miembro en el Sillón 33; además de la Academia Nacional de Historia, y de varios abogados, intelectuales y activistas por los derechos humanos que han visto con buenos ojos su candidatura. Foto: Mauricio Villarreal Sentada en los jardines de la UCAB, en su campus de Montalbán, al suroeste de Caracas, Vásquez reconoce estar bastante sorprendida por la cantidad de manifestaciones positivas que ha recibido en redes sociales. Aun así, es enfática en aclarar que no hay ningún tipo de consenso o acuerdo político detrás de su postulación, la cual es estrictamente hecha desde el mundo académico. “Yo he insistido mucho en que con esta postulación no estoy buscando un cargo. Incluso estoy poniendo en riesgo mi zona de confort, que no es otra cosa que el mundo universitario, que combino con la actividad profesional y tengo mi dosis de realidad cada vez que voy a un tribunal o a una fiscalía. Yo estoy poniendo eso en riesgo en aras de un bien que considero mayor, que es poder colaborar en el proceso de reinstitucionalización del sistema de justicia a través del Ministerio Público”, apunta. Hacer las cosas bien Vásquez fundamenta su candidatura en un principio simple, pero poderoso cuando se considera el estado actual del sistema de justicia venezolano: cumplir y hacer cumplir las leyes. Señala que el Ministerio Público, como garante de la legalidad, es responsable de la investigación penal y atender las aspiraciones de justicia de los ciudadanos. Indica que esa tarea se debe hacer con objetividad, imparcialidad y autonomía de criterio. Algo básico, pero que parece necesario recordar tras múltiples denuncias que recaen a diario en el sistema sobre retardos procesales, arbitrariedad en los juicios y confabulaciones entre jueces y fiscales. “En Venezuela hay muchas personas detenidas a la orden del Ministerio Público, entonces hay que ver qué es lo que ha pasado, si efectivamente todas esas personas que están detenidas deben estarlo, si hay dilación procesal y qué responsabilidad ha tenido el Ministerio Público en esa dilación. Entonces, yo creo que desde allí se va a evidenciar la importancia efectivamente que tiene el Ministerio Público en la coyuntura actual como uno de los actores más importantes del sistema de justicia, particularmente del sistema de justicia penal, que además es la materia como más cercana al ciudadano y la que le resulta más sensible, pues porque está en juego la libertad, nada más y nada menos”, explica. Foto: Mauricio Villarreal —¿Qué papel cree que debería jugar el Ministerio Público en el momento político actual y quizá de cara a un proceso de justicia transicional? —El Ministerio Público tiene sus atribuciones muy claras establecidas en la Constitución y la ley. En este momento, nosotros nos enfrentamos a una crisis de credibilidad hacia el sistema de justicia en general y, de ese sistema forma parte el Ministerio Público. Entonces, yo considero que desde el Ministerio Público se pueden enviar mensajes muy poderosos dirigidos a la reinstitucionalización en la medida en que retome el camino constitucional y cumpla con las funciones que le corresponden, porque fundamentalmente creo que allí es donde está la raíz del problema, en el sentido de que no se ha actuado atendiendo a lo que debe ser el rol del Ministerio Público. Combatir la corrupción En la última década han sido varias las denuncias de corrupción que han salpicado al Ministerio Público. Solo en septiembre de 2025, más de 14 fiscales, incluyendo al fiscal superior del estado Carabobo, fueron detenidos por integrar una red de extorsión que cobraba altas sumas de dinero a personas con investigaciones abiertas a cambio de beneficios. De acuerdo con el entonces fiscal general Tarek William Saab, más de 570 funcionarios fueron procesados por corrupción entre agosto de 2017 y septiembre de 2025. Para organizaciones como Transparencia Venezuela, estas acciones evidencian la normalización de las irregularidades administrativas en el Poder Judicial, donde también se han encontrado redes de clientelismo y nepotismo entre el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el entonces gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, el exfiscal en el exilio Zair Mundaray ha denunciado las purgas de fiscales como “una batalla entre bandas que se lucran de extorsiones, secuestros, corrupción, desapariciones, torturas y encarcelamientos”. Al respecto, Vásquez señala ser consciente de la profunda corrupción que opera en el organismo que aspira dirigir. Entre las primeras acciones que cree necesario cumplir al asumir el cargo estaría una revisión exhaustiva de todas las causas abiertas, sean políticas o de otra naturaleza penal. También hacer una verificación del funcionamiento interno de la institución y de la actuación de sus funcionarios, tomando las medidas disciplinarias pertinentes en caso de encontrar irregularidades. “No se trata de una cacería de brujas, eso no puede ser. Yo creo que ya los venezolanos estamos cansados de eso. Lo que aspiramos es a que haya investigaciones objetivas, imparciales, independientes y que la persona que deba ser sancionada, pues lo sea con el respeto de todas sus garantías. Que tenga derecho a defenderse, que tenga derecho a nombrar un abogado de su confianza. Y eso no es demasiado pedir, pero en la actual coyuntura se ha convertido casi que en un privilegio”, afirma. Imagen referencial de una sede del Ministerio Público | Foto: Archivo de El Diario La aspirante a fiscal general asegura que aún quedan varios funcionarios honestos dentro del Ministerio Público. Sin embargo, reconoce que la impunidad con la que actúan las redes de corrupción no solo incentiva a otros a delinquir, sino que hace a los otros retirarse al no ver oportunidades en su trabajo. Por eso considera importante reformular todo el sistema para recuperar la transparencia en el ejercicio administrativo y hacer que la tendencia se invierta: que los buenos funcionarios regresen y aquellos que no puedan adaptarse se vayan voluntariamente al no tener chances para seguir lucrando. “Esto además se relaciona desde el punto de vista económico, de remuneración. El ejercicio de la función pública se ha convertido en poco atractiva y eso no justifica que las personas hayan buscado otros mecanismos, pero ¿qué es lo que hay que acabar? Precisamente esas prácticas y con esas facilidades que han posibilitado, sobre todo estos actos de corrupción, porque al final del día para nadie es un secreto que eso está sucediendo”, acota. —¿No teme que quizá el enquistamiento de estas redes dentro del Ministerio Público pudiera representar un riesgo personal para usted? —Bueno, toda función pública puede implicar riesgos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que si yo hubiese privilegiado el riesgo, no estaría postulándome para este cargo. Yo todavía confío en las instituciones, confío en la gente y creo que si efectivamente se envía un mensaje de trabajo coordinado, transparente, objetivo, no tendrían por qué concretarse esos riesgos. Pero bueno, creo que siempre una posición como la de fiscal general, magistrado, uno de estos cargos principales dentro de lo que es la estructura del Estado, siempre va a implicar riesgo. Pero nuevamente, al colocar eso en una balanza, yo estimo que debe prevalecer lo que es el correcto ejercicio de la función y confío, pues, en que las instituciones responsables, si fuere necesario, prestarán la debida protección para que yo pueda llevar adelante la función en caso de ser electa como fiscal general de la República. Actuación independiente Foto: Mauricio Villarreal Otra de las denuncias recurrentes que ha sido documentada por diferentes instancias, incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es la subordinación de los Poderes Públicos de Venezuela a los intereses del gobierno. Sobre todo en lo relacionado con la persecución de la disidencia política y omisiones en las investigaciones por violaciones de derechos humanos. Un caso emblemático de esto es el de Luisa Ortega Díaz, fiscal general entre los años 2007 y 2017. En sus últimos meses en el cargo, se opuso al nombramiento de magistrados del TSJ por parte de la entonces asamblea nacional constituyente (ANC) por considerarlo contra la Constitución. También reconoció la responsabilidad de las fuerzas del Estado en el asesinato de manifestantes como el caso de Juan Pablo Pernalete, contradiciendo la versión del gobierno de que había muerto por el golpe de una pistola de perno. Por sus posturas cada vez más divergentes de la línea oficial del gobierno, por solicitud del constituyentista Pedro Carreño, la ANC destituyó a Ortega Díaz el 5 de agosto de 2017, y la sustituyó Tarek William Saab. Luego se le abrió un procedimiento que la obligó a salir del país. Este hecho sentó un precedente sobre el grado de sometimiento del Poder Ciudadano, a pesar de ser precisamente el encargado de velar por la ética pública y la moral administrativa. Tarek William Saab, exfiscal general. Foto: EFE/ Rayner Peña R. —De asumir como fiscal general, ¿qué medidas tomaría para garantizar la independencia en el ejercicio de sus funciones? —Es que yo creo que no hay que tomar ninguna medida extraordinaria. Sencillamente hay que limitarse a cumplir con las atribuciones que tiene el fiscal general de la República. La Constitución y la ley son muy claras, y yo como abogado tengo que ser defensora de eso. Entonces no se trata de implementar una medida particular, extra, distinta. Si el fiscal general, y eso aplica no solamente para la cabeza de la institución, sino para todos los funcionarios que integran ese organismo, se limita a hacer lo que le corresponde hacer, bueno, eso no va a implicar ni injerencia en otros poderes, sino más bien una labor de coordinación, porque de lo que se trata es de eso. El Ministerio Público, para poder cumplir con su función, se tiene que relacionar con otros órganos del Estado, pero yo he insistido en que es una relación de coordinación, no una relación de subordinación, y por eso es que hay que ser exigente en cuanto a al cumplimiento de los requisitos legales, porque el fiscal general de la República debe ser un funcionario que no tenga ningún tipo de compromiso político. Y si no tiene compromisos políticos, pues no tiene por qué temer o llevar a cabo una actuación particular para asegurar su independencia. —¿Y qué pasaría con aquellos casos que sí involucran un choque directo con el gobierno? Por ejemplo, temas que están altamente politizados como los presos políticos, investigaciones de derechos humanos, o quizá futuras investigaciones por corrupción a funcionarios del gobierno. —Bueno, la respuesta tiene que ser la misma. Sí, eso se tiene que adelantar con objetividad. Aquí toda persona, funcionario o no funcionario, puede tener la garantía de que bajo mi gestión yo no voy a perseguir a nadie por cómo piensa, por el partido político al que pertenece, porque eso no lo debe hacer ningún fiscal del Ministerio Público. Si una persona ha cometido delitos comunes, tiene que ser investigada. Si un funcionario ha incurrido en violación de derechos humanos, tiene que ser investigado. Si el delito es común o es delito político, la persona tiene que ser investigada, pero en todos los casos, independientemente del tipo de delito, independientemente de quién presuntamente lo haya cometido, con el respeto al debido proceso. Yo no podría ni decir ni hacer algo distinto, porque a eso le he dedicado los más de 30 años que tengo de actividad docente. Entonces, como suelo decir, no solamente es que esa afirmación la pueda hacer yo en este momento porque estoy aspirando al cargo de fiscal general; la gente puede consultar, puede leer, que lo que yo he escrito a lo largo de mi vida no ha sido algo distinto. Es un ejercicio de coherencia y toda persona debe tener esa certeza, esa seguridad de que si aparece señalada en la presunta comisión de cualquier hecho punible, se le va a investigar con la objetividad que el caso requiere y con la autonomía e independencia de criterio que debe tener el Ministerio Público. Protesta de familiares de presos políticos frente al Ministerio Público | Foto: cortesía —Como fiscal general, ¿usted contribuiría o colaboraría con las investigaciones que desarrolla la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela? —Como fiscal general, estoy en la obligación de hacerlo, como están en la obligación de hacerlo los demás órganos del Estado, porque es un compromiso del país. Venezuela suscribió el Estatuto de Roma y eso genera una serie de obligaciones para el Estado venezolano. Entonces en ese caso, pues si hay una solicitud de colaboración, de información, hay que suministrarla, como se suministraría ante cualquier solicitud por parte, por ejemplo, de los órganos del sistema de derechos humanos. Y aquí yo quisiera insistir en un punto, y es que esos órganos, tanto los que se pronuncian en relación con violación de derechos humanos y que juzgan Estados, o como el caso de la CPI, que juzga personas, intervienen única y exclusivamente cuando el Estado no cumple con sus atribuciones ni con sus funciones. Porque si los Estados investigan las presuntas violaciones de derechos humanos, si investigan la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, pues la jurisdicción de la Corte Penal Internacional no tiene por qué activarse ni tampoco tiene por qué intervenir el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero obviamente eso supone o demanda, pues, una serie de compromisos de parte de los órganos del Estado. —Y por el otro lado, ¿qué aporte u observación pudiera hacer a la Comisión por la Paz y la Convivencia recientemente creada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez? —Que efectivamente actúe o que lleve a cabo su función en razón de lo que motivó su creación. ¿Qué es lo que se debe procurar? Pues la paz y la convivencia. Entonces, eso supone desarrollar una serie de acciones inclusivas, que todos los venezolanos nos podamos sentir identificados con eso, que nos podamos sentir comprometidos. Una de las razones que me llevan a postularme a este cargo es que nosotros no podemos seguir viendo los toros desde la barrera. Si tenemos la posibilidad de poder intervenir, participar, colaborar, tenemos que hacerlo. Entonces, si hay posibilidad de que el ciudadano se integre, colabore, ¿cómo colabora?, ¿cómo se integra? Siendo oído, que lo que las personas planteen ante esa comisión pueda dar lugar a la promoción de iniciativas, de estrategias, de acciones verdaderamente dirigidas a recomponer esa paz social a la que tanto aspiramos y de la que tanto se ha hablado en las últimas semanas. Todas esas iniciativas son bienvenidas, pero siempre que efectivamente se procure el objetivo que las motivó, sin distingo, sin exclusiones, sin prejuicios de parte de los miembros que la integran. Deber ciudadano Foto: Mauricio Villarreal Una lluvia fuerte tiñe de gris los jardines de la UCAB. Las paredes de concreto armado del edificio del Rectorado se oscurecen mientras una brisa fría refresca el aire. Magaly Vásquez mira la escena y reconoce que convencer a la comisión parlamentaria de su elección es una tarea complicada. Sin embargo, se mantiene fiel a sí misma y a la idea de que los cambios deben construirse desde lo más básico. Por eso estuvo dispuesta a dar ese primer paso. Esa convicción la llevó a enviar observaciones y sugerencias en las seis ocasiones en que se introdujeron reformas al Código Orgánico Procesal Penal que coescribió. Recientemente, junto a otros abogados, también participó en las consultas públicas de la Ley de Amnistía, donde planteó sus inquietudes directamente a los diputados y por escrito en un documento. “Creo que esa es mi obligación como ciudadana. Que esas observaciones las tomen o no tomen en cuenta, eso es responsabilidad ya de a quien le corresponda tomar las decisiones, pero lo hice”, comenta. Por eso, en un escenario en el que otra persona resulta designada por el Parlamento como fiscal general, su intención sigue siendo la misma: asegurar que sea una persona que efectivamente cumpla con los requisitos para el cargo. Bien sea supervisando desde la academia que el Ministerio Pública cumpla sus funciones correctamente, u ofreciendo su experiencia para asesorar en las reformas que sean necesarias. —¿Cree, entonces, que el cambio para tener mejores instituciones y un mejor país comienza precisamente desde los ciudadanos? —Por supuesto, y por eso he insistido en que hay que dar el primer paso. Nosotros no podemos seguir esperando, expectantes, que las cosas cambien si no hacemos nada para que cambien. A mí me preocupa mucho que hemos escuchado hablar de reinstitucionalizar, ajá, pero ¿qué estamos haciendo para reinstitucionalizar? Entonces, creo que los ciudadanos tenemos el compromiso desde nuestras competencias, desde nuestras fortalezas, desde lo que sabemos, y poner eso al servicio del país para que ese proceso efectivamente comience a moverse y que podamos comenzar a ver en un futuro próximo, mejoras, cambios que al final del día contribuyan a que los ciudadanos puedan comenzar a creer en las instituciones.