Milei abre oficina que promueve la persecución política en Argentina
2026-02-06 - 22:50
El Gobierno de Javier Milei ha formalizado este jueves la creación de la «Oficina de Respuesta Oficial», una iniciativa que ha despertado comparaciones internacionales inmediatas con el «Ministerio de la Verdad» de la novela 1984. A través de un comunicado con un marcado tono de confrontación, el Ejecutivo argentino advirtió que su misión será «desmentir activamente» lo que consideran operaciones de la clase política y de los medios de comunicación. Esta estrategia parece consolidar una postura de vigilancia estatal sobre el discurso público, sugiriendo que el Estado ahora observa y señala directamente a quienes emiten críticas. La nueva herramienta, que carece por el momento de una estructura formal dentro del organigrama estatal, opera exclusivamente como una cuenta verificada en la red social X. Bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación y Prensa que dirige Manuel Adorni, el organismo queda en manos de Juan Pablo Carreira, un estratega digital conocido bajo el alias «JuanDoe». Carreira, quien ha mantenido una postura de choque contra la prensa internacional y local desde antes de la llegada de Milei al poder, será el encargado de gestionar este canal de réplica gubernamental. El anuncio ha generado una ola de rechazo por parte de organizaciones civiles que ven en esta oficina un riesgo para la libertad de expresión a nivel regional. La estética y el funcionamiento de la cuenta guardan una similitud directa con «RapidResponse47», la plataforma utilizada por el equipo de Donald Trump en Estados Unidos para atacar a opositores. Al adoptar este modelo, el Gobierno argentino refuerza una retórica de polarización global que, lejos de ofrecer datos objetivos, parece buscar el señalamiento público de la labor periodística independiente. Alarmas internacionales por la libertad de prensa en Argentina El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ha liderado las críticas al manifestar su rechazo ante lo que consideran un intento de establecer una «verdad oficial» incuestionable. Para la organización, esta iniciativa contradice los estándares democráticos occidentales al utilizar recursos públicos para estigmatizar el disenso y vigilar la labor de los reporteros. La creación de un ente estatal dedicado a la corrección de opiniones representa, según FOPEA, un retroceso institucional que debilita el control ciudadano sobre el poder político. Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su inquietud por el potencial uso de esta herramienta como un mecanismo de disciplina indirecta. La entidad, que nuclea a los principales editores de medios del país, advirtió que la «Oficina de Respuesta Oficial» corre el riesgo de transformarse en un ente de vigilancia para presionar a quienes mantengan una línea editorial crítica. Esta atmósfera de tensión ha sido validada por el propio Javier Milei, quien desde sus redes sociales ha celebrado la medida como una forma de «desenmascarar mentiras» de los medios. En el ámbito del gabinete, altos cargos como el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, han respaldado la medida calificándola como una respuesta necesaria frente a la desinformación. Sin embargo, el uso de canales estatales para combatir interpretaciones periodísticas sin un marco legal claro sigue alimentando el debate internacional sobre el autoritarismo digital. La relación entre el Gobierno de Milei y la prensa entra así en una etapa de hostilidad institucionalizada que ya resuena en los organismos de derechos humanos.