ONG advirtió que la Ley de Amnistía se usa como mecanismo de control político en Venezuela
2026-03-20 - 20:56
A un mes de que fue aprobada la Ley de Amnistía en Venezuela, la organización no gubernamental (ONG) Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) presentó el 20 de marzo un informe en el que analiza el alcance real de esta medida. El documento, titulado “El balance de la arbitrariedad (2014-2026)” fue elaborado junto a la organización AlertaVenezuela y advierte sobre el uso de la ley como una herramienta de control político. Además, concluye que se implementó sin debate técnico ni mecanismos de transparencia. De acuerdo con el documento, el proceso ha sido “opaco, difícil de verificar y vulnerable a decisiones discrecionales”. Aunque se anunciaron varias liberaciones de presos políticos, la ONG indicó que ha podido verificar solo una parte de las excarcelaciones e insistió en la falta de datos oficiales y listados públicos que permitan contrastar la información. Por otro lado, advierte que aún permanecen detenidas al menos 689 personas por motivos políticos y que un porcentaje significativo habría quedado excluido de la amnistía. Foto: Nicmer Evans “Persisten los centros de tortura y permanecen cautivas las víctimas históricas que hoy se quedan solas frente a las rejas. El drama se traslada a esos familiares que, tras la disolución de una precipitada euforia colectiva, permanecen en vigilia a la intemperie o en sus hogares incompletos, esperando por seres queridos que han sido excluidos tanto de la oportunidad de amnistía como de que sus casos sean resueltos bajo la correcta aplicación del ordenamiento jurídico venezolano, especialmente del Código Orgánico Procesal Penal”, dice el texto. Sobre la violación de los derechos humanos El informe también alerta sobre la persistencia de violaciones de derechos humanos dentro de los centros de reclusión, incluyendo denuncias de maltratos, amenazas y condiciones precarias, documentadas por la propia organización en distintos casos. JEP indicó que hasta el 16 de marzo de 2026 ha registrado 590 hombres detenidos y 99 mujeres por causas políticas. Explicó que las condiciones de reclusión a las que ambos grupos son sometidos impactan de manera diferenciada a las mujeres. Foto: Clippve “Suelen ser objeto de un número mayor de comentarios sexistas y de amenazas de violación u otras formas de violencia sexual por parte de los funcionarios estatales, los cuales incluyen, pero no se limitan a, desnudos forzados y ofrecimiento de favores sexuales a cambio de mejoras en las condiciones de detención”, se lee en el texto. Asimismo, indicó que el 39,76 % de los presos políticos ha declarado haber sido sometido a actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, según denuncias de sus familias. Retardo procesal y amnistía denegada En paralelo, el informe señala que prácticas como el retardo procesal continúan siendo utilizadas de forma discrecional, convirtiendo obligaciones legales en supuestos beneficios otorgados por el Estado. La ONG subraya que, lejos de constituir un mecanismo de justicia transicional, la amnistía ha funcionado como una herramienta de gestión política. En ese sentido, advierte que el subregistro de casos y el temor de las víctimas han contribuido a ocultar la magnitud de las violaciones ocurridas durante más de una década. Señaló que la incertidumbre alcanzó un nuevo pico de gravedad cuando se le negó la amnistía a Perkins Rocha, asesor jurídico de la oposición, así como a la periodista Nakary Ramos, hechos que consideró como una “negación selectiva” de la amnistía. Foto: Comando con Venezuela “Esta maniobra revela que la Ley de Amnistía no fue diseñada para pacificar, sino para estratificar la persecución”, dijo. Como recomendaciones, Justicia, Encuentro y Perdón planteó la necesidad urgente de garantizar transparencia en los procesos, publicar listados auditables de personas beneficiadas y crear una comisión independiente que supervise el sistema penitenciario. Asimismo, insiste en que cualquier proceso de reconciliación debe pasar por el restablecimiento pleno de las garantías constitucionales y el desmantelamiento de las estructuras que han permitido la arbitrariedad en el sistema judicial venezolano.