Petro da la orden a la policía de capturar a los “compradores de votos”
2026-03-04 - 00:19
Las autoridades capturaron en Hato Nuevo, La Guajira, a Luis Alfredo Acuña, funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Al momento de su detención, Acuña formaba parte del esquema de seguridad de Jaime Luis Lacouture, actual secretario general de la Cámara de Representantes. Según el reporte oficial de la UNP, el capturado portaba 145 millones de pesos en efectivo y material publicitario relacionado con campañas políticas. Presidente Petro recuerda que compradores de votos deben ser capturados y puesto a disposición de la Fiscalía El director de la UNP ratificó que el detenido pertenece a la planta de la institución. Los informes preliminares señalan que el material proselitista hallado corresponde a la candidatura al Senado de Daniel Restrepo Carmona. Restrepo, representante por el departamento de Antioquia, aspira a una curul en la cámara alta bajo el aval del Partido Conservador, según los registros de la Registraduría Nacional. El procedimiento administrativo interno de la UNP ya inició para determinar las responsabilidades del funcionario en el uso de los recursos asignados. La detención ocurre en un contexto de vigilancia especial sobre el uso de vehículos oficiales y esquemas de protección durante el periodo electoral en curso. Postura de la Presidencia ante delitos electorales El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre este caso a través de sus canales oficiales. El mandatario recordó que la Policía Nacional mantiene instrucciones precisas para capturar a quienes incurran en delitos contra el sufragio. Petro enfatizó que la compra de votos constituye una vía para que estructuras criminales tomen control de las instituciones estatales en detrimento del bienestar público. La orden presidencial establece que cualquier persona sorprendida en actividades de compra de votos debe pasar a disposición inmediata de la Fiscalía General de la Nación. El Ejecutivo busca, mediante estas directrices, blindar los procesos democráticos y evitar que recursos de origen desconocido o estatal interfieran en la voluntad popular. Tras esta captura, las autoridades judiciales investigan el origen del dinero incautado y su destino final. La Fiscalía determinará si los elementos probatorios encontrados configuran el delito de corrupción al sufragante o lavado de activos. Por ahora, el capturado permanece bajo custodia mientras avanzan las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.