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Remodelación de El Helicoide: la transformación de un símbolo de violación de derechos humanos y su deuda con las víctimas

2026-03-01 - 12:37

El gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el 23 de febrero el inicio del proceso de remodelación del centro de detención El Helicoide, ubicado en Roca Tarpeya, Caracas. El proyecto, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, contempla la eliminación de los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que allí funcionan para instaurar servicios comerciales, culturales y deportivos. Esta decisión ha despertado un debate público en la sociedad civil, debido a que los protocolos de preservación de memoria y justicia transicional no se están tomando en cuenta y consideran que podría convertirse en un «control de daños y eliminación de evidencias» de las denuncias que han sido señaladas por la Misión Internacional Independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización no gubernamental (ONG) Foro Penal, explicó en entrevista para El Diario cuáles son las implicaciones de dar un uso recreativo para una estructura con tales antecedentes. “Convertir El Helicoide en un espacio social y deportivo podría interpretarse como un intento de borrar la memoria histórica, sin embargo, quiero destacar que las evidencias de lo que haya podido ocurrir allí no están solo entre sus paredes, están en los testimonios de las víctimas que han pasado por allí”, señaló Himiob. Al ser consultado sobre si este cambio de uso podría afectar de alguna manera la reparación de las víctimas, el vicepresidente de la ONG precisó que la transformación de la infraestructura no afecta por completo la reconstrucción de los hechos allí ocurridos. Foto: EFE Control de daños vs. transformación del espacio Con respecto a si una intervención profunda en El Helicoide tendría como objetivo implementar una herramienta de control de daños, Himiob reconoció que las reformas pueden suprimir elementos físicos críticos. “Una remodelación o reestructuración de los espacios internos de El Helicoide puede hacer desaparecer, por ejemplo, las celdas de castigo o lugares en los que se hayan producido torturas”, admitió. No obstante, reiteró que la solidez de los casos judiciales descansa en el factor humano, ya que la evidencia más sólida son los testimonios de las víctimas. Himiob enfatizó que la evidencia técnica también se encuentra en lo que puedan declarar los funcionarios que trabajaron allí, que puedan animarse posteriormente a decir lo que ocurrió dentro de El Helicoide, así como también existe el sustento de los exámenes médicos que se le hayan realizado a los presos políticos una vez fueron liberados. “No tengo verdadera preocupación de que esto vaya a hacer desaparecer evidencias, ciertamente puede interpretarse como una intención o un intento de borrar la memoria histórica, pero hay otras maneras para reparar simbólicamente a las víctimas que han sufrido daños no solo allí, sino en los demás centros de tortura del país”, agregó el experto. En ese sentido, el directivo de Foro Penal resaltó que El Helicoide no es el único centro de detención sobre el que pesan denuncias en el país, por lo que no cree que una transformación de ese espacio vaya a generar el olvido de los reclamos de las víctimas y sus familiares. Familiares de presos políticos | Foto: @Clippve Evolución de una estructura inconclusa El edificio de El Helicoide posee una trayectoria marcada por las reconfiguraciones estatales. Su construcción inició en 1955 bajo el mandato de Marcos Pérez Jiménez, como un ambicioso proyecto arquitectónico que contemplaba un centro comercial futurista con una estructura en espiral y rampas para el ascenso de vehículos hasta los niveles superiores. El plan original incluía cientos de tiendas, un hotel, salas de cine, helipuerto y ascensores de tecnología europea, pero la obra quedó inconclusa tras la caída del régimen dictatorial en 1958. Con los años, la construcción fue reutilizada para distintos fines hasta convertirse, en 1980, en sede de organismos de seguridad del Estado. Desde entonces, el recinto se consolidó como la sede principal de los cuerpos de inteligencia y de unidades de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). De acuerdo con informes de la ONG Realidad Helicoide, este edificio forma parte de una red de más de 90 “centros de tortura” operados por cuerpos de seguridad del Estado venezolano, distribuidos en al menos 18 estados del país, como parte de un esquema sistemático de represión contra la disidencia política. Esta sede ha sido señalada como un centro de “torturas” por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos. Los informes de la ONU y de diversas ONG venezolanas han coincidido en la descripción de patrones de aislamiento prolongado, incomunicación y falta de atención médica dentro de sus pasillos, espacios que ahora el Estado busca sustituir por áreas de esparcimiento. Por su parte, el gobierno venezolano siempre ha negado estos señalamientos. Foto: EFE Denuncias de condiciones inhumanas y huelgas de hambre La operatividad de El Helicoide como centro de detención estuvo marcada por constantes crisis internas. En marzo de 2025, la organización Justicia, Encuentro y Perdón reportó que los privados de libertad iniciaron una huelga de hambre motivada por las condiciones inhumanas del recinto. “Los internos enfrentan traslados arbitrarios, requisas abusivas, retrasos procesales injustificados y la suspensión de las visitas familiares, además de condiciones de hacinamiento extremas, alimentos en mal estado o insuficientes y humillaciones constantes hacia los familiares”, detalló la organización en una publicación en su cuenta de X. Otras organizaciones, como el Comité para la Libertad de Presos Políticos en Venezuela (Clippve), denunciaron que a los familiares se les restringía el ingreso de insumos básicos y que el contacto con abogados era limitado, lo que es calificado bajo estándares internacionales como trato cruel o degradante. A esto se sumaron las conclusiones de la Misión de Determinación de los Hechos, que identificó la existencia de salas específicamente acondicionadas para la tortura física y psicológica. A pesar de todas las denuncias y señalamientos, el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, aseguró que el proyecto de transformación fue consultado con los habitantes de las zonas aledañas. Para Himiob, la preocupación no reside en la desaparición de la prueba, sino en la naturaleza de este cambio. “A mí no me gustaría que El Helicoide se convirtiese en algo que no es ni ha sido”, concluyó, al destacar que la reparación integral requiere también el reconocimiento de la historia del edificio. La fase de ejecución de la obra ya se encuentra en curso, y el anuncio gubernamental apunta a la inauguración de las nuevas áreas sociales en los próximos meses, lo que deja en manos de los testimonios documentados la preservación de lo que ocurrió dentro de la espiral de concreto antes de su remodelación.

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