Una amnistía a la medida del régimen

2026-03-01 - 03:57

Algunos familiares hablan de semanas de espera sin información clara. Abogados describen despachos saturados, funcionarios desbordados y criterios que cambian según la jurisdicción Humberto González Briceño Las redes sociales se han convertido en un registro paralelo de la lentitud judicial. En los últimos días, familiares de presos políticos, abogados y activistas han denunciado que las solicitudes de amnistía se acumulan sin respuesta, que los tribunales no dan abasto y que el sistema judicial ha colapsado ante un volumen que jamás previó. La ley prometía celeridad; lo que se percibe es atasco. Donde debía haber plazos breves, hay silencio administrativo. La ley de amnistía aprobada recientemente estableció que los tribunales debían revisar cada caso y pronunciarse en un lapso relativamente corto. No era una amnistía automática: exigía verificación individual, análisis procesal y decisión formal. En teoría, ese mecanismo buscaba dar garantías jurídicas. En la práctica, ha evidenciado lo que muchos ya sabían: el sistema judicial no estaba preparado para actuar con rapidez ni para gestionar miles de expedientes simultáneamente. El texto legal abarca hechos vinculados a persecución política, protestas y procesos considerados de motivación política ocurridos durante más de dos décadas. También establece exclusiones específicas para delitos graves que no puedan considerarse estrictamente políticos. Ese equilibrio —inclusiones amplias con límites formales— exigía un aparato judicial eficiente y autónomo. El problema es que ese aparato no existe con la solidez que la ley presupone. Las denuncias recientes apuntan a un cuello de botella: solicitudes introducidas que no avanzan, audiencias que no se fijan, decisiones que no se notifican. Algunos familiares hablan de semanas de espera sin información clara. Abogados describen despachos saturados, funcionarios desbordados y criterios que cambian según la jurisdicción. La amnistía, concebida como gesto político de distensión, se ha transformado en una carrera de resistencia burocrática. No es sólo un problema técnico. Es estructural. Un sistema judicial que durante años operó bajo presión política, con déficit de independencia y precariedad institucional, difícilmente puede reconvertirse de la noche a la mañana en una maquinaria ágil de restitución de derechos. La justicia lenta no es neutral: prolonga el daño. Cada día de retraso significa un día adicional de encierro para quien espera libertad bajo el amparo de una ley vigente. Hay un contraste inquietante entre la narrativa oficial de reconciliación y la realidad de los pasillos judiciales. Se anuncia una puerta abierta, pero el acceso depende de un trámite que se empantana. Se proclama voluntad política, pero la ejecución administrativa no acompaña el discurso. La ley promete cerrar un ciclo; la práctica lo estira. Una amnistía no se mide por su publicación en gaceta, sino por la velocidad con que produce efectos reales. Si el país decidió avanzar hacia una fórmula de alivio político, debe asumir el costo institucional de hacerlo bien. Eso implica recursos, coordinación, transparencia y, sobre todo, decisión. De lo contrario, la amnistía corre el riesgo de convertirse en una paradoja: una ley creada para liberar que termina prolongando la incertidumbre. Y en materia de justicia, la incertidumbre no es un detalle técnico; es una forma más de castigo. @humbertotweets EL AUTOR es abogado y analista político con maestría en Negociación y Conflicto en California State University https://larazon.net/category/humberto-gonzalez-briceno