Venezolano encarcelado en el Cecot demanda al gobierno de EEUU por U$1,3 millones

2026-03-26 - 16:04

Un ciudadano venezolano que fue deportado el año pasado a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador demandó a Estados Unidos por 1,3 millones de dólares alegando daños y perjuicios, lo que lo convierte en el primer venezolano deportado a un tercer país en reclamar una indemnización. Gobierno del presidente Donald Trump le negó sistemáticamente su derecho al debido proceso, lo identificaron erróneamente como miembro de una pandilla y lo enviaron ilegalmente a una prisión extranjera. El venezolano dijo al rotativo que su intención al presentar la demanda no es regresar a Estados Unidos. “Pero sí quiero limpiar mi nombre; quiero demostrar quién soy y explicar lo que me sucedió. Cuando la gente te señala con el dedo, resulta muy difícil”, agregó. León Rengel fue uno de los varios cientos de hombres venezolanos deportados por Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, donde permanecieron incomunicados, tras ser señalados como criminales “extremadamente peligrosos” “Lo que les ocurrió a los venezolanos enviados al Cecot podría sucederle a cualquiera, a cualquier migrante en este país”, subrayó a un medio estadounidense. El inmigrante fue enviado de regreso a Venezuela en un intercambio de prisioneros en julio de 2025 pactado por la Administración Trump y el entonces Gobierno de Nicolás Maduro. León Rengel entró a EEUU en junio de 2023, tras haber obtenido una cita por la aplicación CBP One, una iniciativa establecida por el expresidente Joe Biden (2021-2025). Cuando fue detenido en marzo del año pasado en Irving (Texas), León Rengel estaba esperando una audiencia en la corte de inmigración programada para el año 2028 y contaba con una solicitud activa para el Estatus de Protección Temporal (TPS), según documentos judiciales. La demanda sostiene que los agentes ignoraron la documentación migratoria que confirmaba que él se encontraba legalmente en Estados Unidos y, en su lugar, justificaron su detención alegando que los tatuajes en su cuerpo supuestamente lo vinculaban con el Tren de Aragua, banda hamponil catalogada por el Gobierno de Trump como una «organización terrorista». Además, la querella legal alega que fue engañado al ser enviado al Cecot, donde sufrió abuso físico y psicológico.