Vigilancia y control: VE Sin Filtro reveló cómo el gobierno venezolano usa la tecnología para la “represión”

2026-03-27 - 12:05

En los últimos años, el gobierno venezolano ha invertido en la incorporación de nuevas tecnologías para profundizar sus prácticas de control político y social. La organización VE Sin Filtro presentó el 26 de marzo un informe en el que describe el aparato de vigilancia construido a partir de sistemas de cámaras de seguridad, drones y requisas arbitrarias en las calles, así como del uso de dispositivos de espionaje, software malicioso y redes de delación para perseguir cualquier posible foco de disidencia. La investigación Vigilantes en la mira fue elaborada en conjunto con las organizaciones Conexión Libre y Segura, el Laboratorio de Investigación Forense Digital (DFRLab) y con el apoyo del Atlantic Council. Allí se detalla cómo, a pesar de los cambios políticos derivados del 3 de enero en Venezuela, todas estas estructuras de represión y vigilancia se mantienen en el país, potenciadas por otras prácticas que vulneran los derechos fundamentales de la ciudadanía. “La infraestructura de vigilancia de Venezuela opera como un sistema de control autoritario de amplio alcance que trasciende tecnologías individuales y actores institucionales (...) Las violaciones de derechos humanos van mucho más allá de los abusos inmediatos y causan un profundo daño social, incluyendo la normalización de la autovigilancia y la erosión del espacio cívico”, señala. “Pórtense bien, los están viendo” Cámara de seguridad en el municipio El Hatillo. Foto: cortesía VE Sin Filtro En julio de 2025, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, reconoció en su programa Con el Mazo Dando, que los sistemas de videovigilancia por circuito cerrado de televisión (CCTV) fueron claves para la identificación de manifestantes durante las protestas postelectorales del año 2024. “Ahora hay cámaras por todos lados, así que pórtense bien, los están viendo, los están mirando”, declaró en ese momento. El reporte de VE Sin Filtro detalla la politización de la seguridad pública en Venezuela, con cámaras usadas para la identificación, seguimiento y detención de personas consideradas objetivos por el gobierno. También para el acoso y hostigamiento del personal de centros de salud o de personas que se encuentran en manifestaciones pacíficas. Todo esto usando la estructura del sistema VEN911 y de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, las cuales responden a los organismos policiales y de inteligencia estatales. Se evidenció un particular interés por parte del Ministerio de Interior, Justicia y Paz por masificar el despliegue de cámaras de seguridad en el país. En el último semestre del año 2025 su número aumentó de 3.920 a más de 7.000, de acuerdo con el propio Cabello. Se desconoce la forma en que se distribuyen por el país, aunque el 12 de noviembre de 2025, el ministro indicó que su objetivo era «cubrir la mayor parte del territorio con cámaras». Camión del VEN911 con una cámara incorporada. Foto: cortesía VE Sin Filtro En esa misma declaración, Cabello instó a las alcaldías a presionar a comerciantes y empresas a “apuntar sus cámaras a la calle”, lo que implica el acceso del gobierno a sistemas privados. De hecho, el informe resaltó que a pesar de que existe una integración tecnológica con el VEN911, sí hay indicios de coordinación operativa entre las autoridades y alcaldías reconocidas como opositoras, como en el caso del municipio Chacao del estado Miranda. “El CISC (Centro de Seguridad y Comunicación Integrada de Chacao) ha desactivado temporalmente las cámaras en lugares específicos cuando se realizan procedimientos como redadas u operaciones de organismos como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para evitar que estos eventos queden registrados en sus sistemas”, afirma. En la mira A grandes rasgos, VE Sin Filtro detectó que tanto el gobierno central como alcaldías oficialistas y opositoras, tienen en común los mismos proveedores de cámaras y otros equipos. Inicialmente, el gobierno mantenía un convenio con la empresa china China National Electronics Import & Export Corporation (Ceiec), en la actualidad se ha decantado por otros fabricantes también chinos, como Hikvision o Dahua Technologies. Otras compañías como ZTE y Huawei han colaborado además en el desarrollo de estructuras especializadas para mejorar las capacidades de los centros de comando del VEN911. Monitoreo de cámaras de seguridad en el estado Trujillo. Foto: cortesía Últimas Noticias Esta coincidencia permitió determinar patrones en las características de los sistemas de videovigilancia en la Gran Caracas y otras regiones donde estas políticas también han crecido significativamente, como el estado Trujillo o el municipio Guaicaipuro del estado Miranda. Entre ellas se encontró sistemas que incorporan tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos. También se encontraron características importantes como sistemas de reconocimiento facial y lectores avanzados de matrículas vehiculares. Así como contadores de personas, mapas de calor, capacidad de enfocar nítidamente a más de 100 metros de distancia y detectar en tiempo real “eventos anómalos”. La organización advierte que muchas de estas cámaras son colocadas estratégicamente en las principales arterias viales, haciendo imposible para un vehículo entrar o salir de la ciudad sin ser reconocido. “Además, el servicio Government Cloud Solution, también de ZTE, proporciona un elemento habilitante crucial: una plataforma de datos unificada e interdepartamental. Esto significa que los datos de vigilancia recopilados a través de las cámaras VEN911 pueden cruzarse con el registro Patria, las bases de datos del SEBIN y los registros de intercepción de telecomunicaciones de otras agencias del régimen”, agrega el informe. Drones y rastreadores Imagen de María Corina Machado tomada por un dron del gobierno y luego difundida en redes sociales. Foto: cortesía VE Sin Filtro El reporte señala que en los últimos años el gobierno ha invertido en la adquisición de drones de grado industrial, equipados con cámaras de alta resolución, termografía y potentes funciones de zoom. Estos dispositivos han sido utilizados para funciones que exceden lo policial, como la vigilancia de manifestaciones y actos de campaña opositores durante las elecciones presidenciales de 2024. Diferentes figuras del oficialismo, incluyendo la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en su momento compartieron grabaciones de concentraciones opositoras tomadas con estos drones con fines de amedrentar o burlarse de sus asistentes. No obstante, VE Sin Filtro resalta la capacidad de los drones de mostrar con nitidez rostros de personas dentro de las multitudes a pesar de estar a varios metros de altura. Igualmente, durante las protestas postelectorales, se documentó la presencia de drones sobrevolando de noche en áreas residenciales de Caracas. “Los analistas indican que las agencias de seguridad que operaban estos drones buscaban infundir miedo y crear un efecto disuasorio entre los posibles manifestantes. Esta opinión se basa en la cantidad de drones que patrullaban el mismo sector simultáneamente, en lugar de desplegarse de forma más dispersa para cubrir áreas más extensas”, observa. Además de los drones, VE Sin Filtro documentó el uso de dispositivos GPS para rastrear a personas de interés, particularmente a activistas y familiares de presos políticos. Se reportaron casos de rastreadores internos instalados dentro del motor del vehículo de un objetivo, el cual tenía capacidad para escuchar conversaciones y recibir comandos por mensaje de texto. También de otros rastreadores externos de uso comercial colocados debajo de los autos, como denunciaron las activistas Andreina y Margareth Baduel en septiembre de 2025. Aplicaciones y seguimiento Foto: captura de pantalla VE Sin Filtro hizo seguimiento al ecosistema de aplicaciones desarrolladas por el gobierno con el fin de afianzar su control social sobre la población. Herramientas en apariencia diseñadas para otorgar beneficios gubernamentales a simpatizantes del oficialismo o gestionar reportes de fallas en servicios públicos. Sin embargo, advierte que también son usadas como bancos para recoger y almacenar información delicada sobre sus usuarios, así como para promover redes de delación en contextos de represión política. “El Estado venezolano ha impulsado una sistematización del uso de plataformas del control ciudadano mediante el despliegue de aplicaciones digitales. El Sistema Patria, presentado como una plataforma de protección social, y VenApp, promovida como una herramienta de servicio ciudadano, constituyen los dos pilares centrales del ecosistema de aplicaciones gubernamentales”, explica. En el caso de VenApp, precisamente se estudió su capacidad para realizar denuncias anónimas de personas que sean consideradas como “terroristas” o “guarimberos”. Esto conduce a otro punto de la investigación, que fue el ciberpatrullaje y vigilancia de las redes sociales para detener a usuarios por emitir comentarios contrarios al gobierno. Esta práctica fue especialmente intensa durante la represión postelectoral de 2024, aunque también al detener a personas por aparentemente celebrar la captura de Maduro. Foto: EFE/ Rayner Peña Indica que si bien el Estado creó organismos encargados de vigilar la actividad en línea de figuras como periodistas, dirigentes políticos, activistas o líderes comunitarios, en los últimos años incentivó la delación de ciudadanos por parte de informantes capaces de acceder a espacios privados como estados o grupos de WhatsApp de vecinos, compañeros de trabajo o incluso familiares. Muchos de los detenidos en estos procedimientos fueron expuestos en las mismas redes sociales a través de campañas de intimidación por agentes estatales como la “Operación Tun Tun”, especialmente aplicada en 2024. “La llamada ‘Operación Tun Tun’ de 2024 fue, además, el ejemplo de cómo se integraron múltiples vías de vigilancia en mecanismos coordinados para la persecución: funciones de denuncia en VenApp, grupos de doxeo en Telegram, campañas de intimidación en Instagram y arrestos de puerta a puerta. Los procesos penales derivados del ciberpatrullaje se apoyan en contenido digital descontextualizado, sin análisis técnico-forense, procedimientos adecuados de cadena de custodia ni pruebas de daño concreto”, agrega el informe. Teléfonos intervenidos Uno de los aspectos más intrusivos de la vigilancia gubernamental que encontró VE Sin Filtro fue la interceptación de comunicaciones privadas de millones de ciudadanos mediante prácticas que violan la Constitución y normas internacionales. Aunque desde 2011 se ha reportado este fenómeno en llamadas y mensajes de texto de objetivos como periodistas y líderes políticos, no fue hasta 2021 que se reveló su verdadera magnitud. Ese año, la empresa española Telefónica, casa matriz de Movistar, publicó en un informe de transparencia que facilitó la intercepción de contenido de comunicaciones de más de 1,5 millones de líneas de abonados, aproximadamente el 21% de la base total de clientes. Esto incluyó datos como registros de llamadas, mensajes, ubicación celular y tráfico de Internet. Igualmente, el informe señala que una situación similar ocurre con las empresas proveedoras de servicios de Internet. “CANTV, la empresa estatal de telecomunicaciones que opera como el principal proveedor de servicios de Internet residencial de Venezuela, ha desplegado equipos de red avanzados capaces de analizar el tráfico, implementar censura, manipular y alterar el tráfico y monitorear las comunicaciones de Internet sin cifrar. El alcance total de esta capacidad de vigilancia del tráfico aún no está claro, pero los incidentes documentados indican que se ha desplegado contra objetivos políticamente sensibles”, señala. Imagen de referencia de una estación de telecomunicaciones. Foto: cortesía Movistar Además, se descubrió el despliegue de dispositivos de vigilancia celular no autorizados, conocidos como receptores IMSI, Stingrays o simuladores de estaciones base. Estos aparatos simulan ser torres de telefonía a las que se conectan celulares cercanos. Las “antenas falsas” permiten localizar a un individuo en tiempo real para conocer su trayectoria o si estuvo en determinados eventos o manifestaciones. El informe resalta la presencia de estas antenas principalmente en Caracas, aunque también en zonas de la frontera colombo-venezolana. “Estas ubicaciones sugieren fuertemente un despliegue por parte de instituciones de seguridad para obtener datos directos y en tiempo real sobre ubicación y comunicaciones, posiblemente por parte de unidades especializadas dentro de las fuerzas de seguridad estacionadas en estas zonas”, detalla. Recomendaciones Foto: CNN Business “Estos hallazgos demuestran que la infraestructura de vigilancia venezolana opera como un sistema integrado de control autoritario que trasciende tecnologías individuales o actores institucionales. La convergencia de la videovigilancia con la intercepción de telecomunicaciones, el ciberpatrullaje con el registro de dispositivos y las aplicaciones estatales con los ciberataques genera efectos multiplicadores que limitan gravemente el espacio cívico y alteran el cálculo de riesgos para la participación política”, advierte el informe en sus conclusiones. El impacto que estas prácticas han provocado en la ciudadanía se puede calificar como violaciones deliberadas de los derechos humanos, y que han provocado transformaciones negativas en la sociedad venezolana. Ello se ve en acciones como la normalización de la autocensura en personas que se abstienen de opinar en redes sociales o tener “contenido comprometedor” en sus teléfonos. También en la erosión de la confianza comunitaria y la desmovilización de manifestaciones en espacios públicos debido a las cámaras. En este sentido, VE Sin Filtro hace una serie de recomendaciones que pueden aplicar tanto para organizaciones y activistas, como para ciudadanos que desean protegerse de la vigilancia estatal. Entre ellas está el usar plataformas de comunicaciones cifradas de extremo a extremo y seguir protocolos claros de seguridad en las comunicaciones, establecer redes de respuesta en caso de emergencia para brindar asistencia inmediata frente a detenciones, confiscación de dispositivos o ciberataques y mantener “limpios” sus dispositivos, sobre todo en entornos de riesgo como manifestaciones, aeropuertos o lugares con alcabalas.